El triple juicio que los Eskenazi deben resolver

La denuncia del Estado Nacional, a través del Procurador del Tesoro, contra los ex dueños de YPF, fue uno de los mayores escándalos apenas comenzado el 2019. Luego la crisis económica y las elecciones soslayaron todo, pero el pasivo judicial continúa. Los Eskenazi -el padre, Enrique, los hijos Sebastián y Matías- deben responder frente al Estado Nacional en las justicias española y estadounidense, y ante un demandante -el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten- en Comodoro Py.

Para los Eskenazi, que entraron a YPF solo por la amistad del patriarca Enrique con el ex presidente Néstor Kirchner, su entrada a la petrolera líder del país fue todo ganancia. Se hicieron del 25% de la compañía pagando apenas algo más de $ 100 millones; en cada balance fue todo reparto de ganancias -al igual que sus socios de Repsol- y nada de reinversión; lo que finalmente terminó en la estatización decidida por la presidenta Cristina Kirchner cuando se enteró que los casi u$s 10.000 millones ganados en 2011 fueron todos repartidos entre los socios argentinos y españoles, sin reinvertir para generar mayor producción hidrocarburos.
Fue un lustro de todo ganancia para los Eskenazi en YPF. Sin embargo, cuando el Estado Nacional decidió expropiar la empresa, apostaron a ganar todavía algo más a través de un juicio. Petersen Inversora y Petersen Energía, empresas radicadas en España que usaron para entrar en YPF, le vendieron el juicio a Burford Capital, una especie de fondo jurídico buitre, que compra litigios con potencial resarcimiento millonario. Por este pase de manos, Burford le pagó u$s 15 millones a los Eskenazi, y luego empezó a litigar contra el Estado Nacional en los tribunales de Nueva York, jurisdicción legal fijada para resolver problemas entre los antiguos accionistas de YPF y la Argentina.
Según distintas informaciones, además los Eskenazi pactaron con Burford Capital que, en caso de ganar el juicio, se quedarían con 30% de las ganancias: u$s 900 millones de los u$s 3.000 millones estimados que obtendrían.

Fraude al Estado: venta declarada como financiamiento

A comienzos de este año, en una ofensiva política y judicial contra la familia Eskenazi, el Estado Nacional -a través de la Procuración del Tesoro- los acusó de fraude al Estado. De acuerdo a las presentaciones realizadas en España y Estados Unidos, la venta del juicio fue simulada como un contrato de financiamiento.
Con este argumento tanto la Procuración del Tesoro (en defensa de los intereses del Estado Nacional) como la propia YPF armaron un doble frente.
En España, se trata de demostrar que al simular una venta como contrato de financiamiento, el objeto es un fraude al Estado. Mientras que, en Estados Unidos, si esto mismo se confirma, es un gran argumento contra las posibilidades de Burford Capital de ganar el juicio.
La ofensiva judicial fue ideada por el procurador Bernardo Saravia Frías; como también por el responsable jurídico de YPF, y asesor estrella de Mauricio Macri en temas legales, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Por supuesto, también contó con el apoyo del presidente actual de la petrolera, Miguel Gutiérrez. Y el aval político de todo el Gobierno.
La acusación del Estado e YPF contra los Eskenazi llegó en un pésimo momento para esa familia. De acuerdo a una nota publicada en La Nación por Carlos Pagni, “el financista Ernesto Clarens y el constructor Juan Chediack mencionaron a esa familia” en la famosa Causa Cuadernos, “pero en el juzgado de Claudio Bonadio les hicieron saber que, si no retiraban esa acusación, perderían los beneficios del arrepentimiento. Una foto de Bonadio con Sebastián Eskenazi almorzando en La Pecora Nera le dio verosimilitud a esos rumores. Tanta, que la Cámara Federal exigió a Bonadio que investigue a su comensal y al resto de la familia

El juicio que lleva Ariel Lijo: pedido de declaración para los 3 Eskenazi

A raíz de la nota de Pagni, el 1º de marzo Alejandro Sánchez Kalbermatten -titular del estudio ASK abogados- presentó una denuncia por posible fraude al Estado Nacional contra tres accionistas de YPF: Enrique Eskenazi, Sebastián Eskenazi y Matías Eskenazi Storey. En esencia, su pedido fue que los tres mencionados fueran citados a declarar, sin que ello haya ocurrido hasta el momento.
La denuncia de Sanchez Kalbermatten recayó inicialmente en el Juzgado Federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Posteriormente, dicho juez remitió el expediente al Juzgado Federal 4, Secretaría 7, a cargo de Ariel Lijo, al considerar que la denuncia debía ser investigada conjuntamente con la causa N 3518/2006, caratulada "NN  s/Infracción ley 22.415, art 249 y Defraudación contra la administración pública", iniciada en el año 2006 por denuncia de Elisa Carrio. El Fiscal Federal, Ramiro González, opinó que la denuncia de Kalbermatten, debía acumularse a la denuncia de Carrió ya que consideró que los hechos incluidos en la nota periodística acompañada por el denunciante, ya se encontraban abarcados y comprendidos por la investigación en trámite.
Hasta el momento, ninguno de los tres juicios presentó mayores novedades. Pero, por ganarse u$s 15 millones, los Eskenazi deberán pagar abogados para litigar en la Argentina, Estados Unidos (pagando en dólares a los letrados) y España (abonando en euros). Una picardía que les saldrá cara. Sin contar que es una herramienta política para cualquier gobierno que le dé difusión a la maniobra.