El Gobierno espió de manera ilegal a los principales jueces del país, desde el cortesano Juan Carlos Maqueda hasta Martín Irurzun, pasando por buena parte de los magistrados de Comodoro Py y de tribunales que manejan causas clave y de alto impacto político. Esa es la principal hipótesis de la investigación que llevan adelante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Ramiro González y que promete tensar aún más las relaciones entre Mauricio Macri y los jueces tanto oficialistas como díscolos.

El denominador común fueron consultas a la Dirección Nacional de Migraciones desde distintos usuarios en varios organismos públicos. Pero la clave es saber qué estaba investigando cada uno de los organismos involucrados, que son el Ministerio de Seguridad, la AFIP, la Policía Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, la Procuración General de la Nación, Prefectura, la Policía de la Ciudad, y dependencias de la Corte Suprema. Excepto estas dos últimas, todos tienen como terminal el Poder Ejecutivo, principalmente a Patricia Bullrich y al titular de la UIF Mariano Federici. Todas estas dependencias quedaron en la mira de la investigación del juez Canicoba Corral y el fiscal González. El juez les pidió a todas que le comuniquen “en el marco de qué investigación y con intervención de qué Magistrado, se dispuso ingresar la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones y obtener información de salidas al exterior”

El pasado 27 de septiembre, el fiscal González emitió un dictamen en el que afirmó que busca desentrañar si desde esas dependencias estatales “se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal”. Se sospecha que la información que surgió de esas tareas prohibidas se utilizó con distintos fines. Entre otros, la publicación en medios de comunicación oficialistas a modo de “apriete”. En algunas ocasiones, los artículos que involucraron a magistrados derivaron en denuncias en el Consejo de la Magistratura.

Además de los jueces, Canicoba Corral requirió a la Dirección Nacional de Migraciones que “informe si hubo solicitudes de información migratoria en los últimos dos años” respecto de presidentes de ambas Cámaras del Poder Legislativo, los presidentes de los distintos bloques parlamentarios de Senadores y de Diputados, “ministros del PEN y de la provincia de Buenos Aires; gobernadores de todas las provincias y el jefe de gobierno de CABA; el director y subdirectora de la AFI” y hasta el periodista Carlos Pagni y Gustavo Vera, de la Alameda.

Llama la atención que casi todos los jueces mencionados tuvieron o tienen causas que involucran a funcionarios, dirigentes o empresarios vinculados al Gobierno anterior. Es decir, expedientes sensibles, con los que la administración actual se pudo haber beneficiado políticamente.

La cantidad de víctimas revela una sistematicidad, por lo que la Justicia busca determinar si Mauricio Macri tejió un plan para disciplinar a la justicia y amedrentar a la oposición mediante la extorsión y el espionaje ilegal.

 

Fuente: El Destape