Jorge Macri, primo del presidente Mauricio Macri y actual intendente de Vicente López, se encuentra siendo investigado por la Justicia federal por presuntos vínculos con el cartel colombiano "los Urabeños" dedicado al narcotráfico. Una investigación periodística publicó el supuesto contrato comercial entre las partes y fue incorporado como documentación a la causa conocida como "Narco-Arroz".

Los asesores del intendente Jorge Macri no negaron la veracidad del acuerdo pero aseguraron que no llegó a mayores y "quedó trunco".

Según la investigación del caso, el cartel colombiano se instaló en Argentina en 2012. Este grupo se encargaba de sacar cocaína escondida en sacos de arroz, además de montar una red para comercializarlo y lavar dinero proveniente de esas transacciones.

Esta información sobre el acuerdo entre la intendencia de Vicente López y la empresa International Trade and Comerce SA -montada para el cartel de drogas- fue publicada en el libro Radiografía de la corrupción PRO de Julian Maradeo e Ignacio Damiani. Dicha investigación fue solicitada por el fiscal federal Federico Delgado para ser incorporadas a la causa.

El 1º de junio de 2012 es la fecha que figura en el contrato firmado entre Jorge Macri y Carlos Yorelmy Duarte Díaz, entonces presidente de ITC, hoy prófugo de la causa Narco-Arroz.

Según publica Perfil, el comodato establecía una duración "por 90 días, renovables automáticamente” y, según los investigadores,“Se deduce que las luminarias prestadas fueron el paso previo a la compra, ya que también había una factura tipo B por $ 203.193,27”.

El cartel colombiano había creado una red de empresas para blanquear el dinero del narcotráfico. International Trade and Comerce SA o ITC -la firma que figura en el contrato con la municipalidad- formaba parte de esta red que logró blanquear entre 75 y 200 millones.

Desde el entorno de Jorge Macri aseguran que ITC "se presentó como proveedora cuando Vicente López estaba cambiando todas las luminarias públicas a LED. El contrato de comodato era para que la empresa prestara 15 luminarias de ese tipo y se probaran. Se colocaron en una plaza del municipio, pero nunca se les pagó porque las luminarias no funcionaron, no servían para lo que pretendía el municipio. Por eso, finalmente, no se pagó ninguna factura.”

“Hay un segundo documento que consiste en un préstamo, labrado el 11 de junio de 2013, de ITC a la Intendencia”, agregan los autores de la investigación. Además, curiosamente en el expediente judicial ya constaba una factura entre ITC y la municipalidad de Vicente López, pero cuando el juez Torres pidió información al municipio las autoridades respondieron que no había “ninguna orden de compra” a esa compañía.