El decreto 632/2018 implica un congelamiento en las contrataciones de la administración pública, el recorte en el presupuesto de universidades y una reducción de viajes y uso de vehículos oficiales.

Con el plan de ahorrar más de $20 mil millones, el decreto prevé varios recortes, entre los que se destaca el que sufrirán las universidades, que ya vienen en una compleja situación financiera.

Por ejemplo, el caso de la UNAJ (Universidad Nacional Arturo Jauretche), en Florencio Varela, en la que unos cien docentes aún no han cobrado su sueldo y se encuentran en asamblea permanente, definiendo si, tras el receso invernal, comenzarán o no las clases.

Concretamente, en el decreto se establece que los convenios vigentes entre el Estado y las universidades nacionales, provinciales, privadas u otras instituciones de enseñanza pública, quedarán sin efecto a partir del año próximo.