“El Poder Judicial se ha convertido en un instrumento político, se usa la libertad de las personas con fines políticos. Yo no quiero pertenecer a ese sistema”, sentenció la jueza Maria Laura Garrigós de Rébori esta semana, cuando hizo pública su renuncia. La voz de “Malala”, como la llaman sus conocidos, no es inocua al mundillo judicial. No sólo por su extensa trayectoria en tribunales y su actual desempeño en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, sino porque se trata de la primera presidenta de Justicia Legítima, asociación surgida al calor de las truncas y aún necesarias discusiones sobre el Poder Judicial en los últimos años del kirchnerismo. Su renuncia no es una buena noticia para esos debates, y menos aún para aquellos que aún quedarán dentro de la estructura judicial compartiendo sus ideas. 


Desde el surgimiento de Justicia Legítima el sistema de medios hegemónico operó en tandem con los sectores consevadores del Poder Judicial para estigmatizar a jueces y fiscales por la simple pertenencia a esa asociación.  La relación tenía una mutua conveniencia: para los medios y sus aliados el esmerilar jueces y fiscales no adictos; para los judiciales conservadores legitimar la tradicional Asociación de Magistrados y Funcionarios que, al igual que Justicia Legítima, es una simple asociación civil. No hay más diferencia. Más aún: “Malala” Garrigós de Rébori fue a la vez presidenta de Justicia Legítima y miembro de la Asociación de Magistrados. En la primera es ahora secretaria y a la segunda renunció en noviembre.  


Servicios


“Malala” dejó más frases interesantes durante la entrevista que mantuvo con FM La Patriada. Dijo, por ejemplo, que “este gobierno tuvo la oportunidad histórica de desvincular a la Justicia de los servicios de inteligencia, y no lo hizo porque apostó a que estos jueces ayudaran a perseguir a los opositores políticos”. Ese puente histórico entre la casa de los espías y Comodoro Py hace años que funciona, lubricado al día por medios hoy oficialistas. 


Garrigos de Rébori no podía saberlo, pero dos días después reapareció un caso paradigmático de ese vínculo promiscuo que involucra nada menos que a Gustavo Arribas, el jefe de espías designado por Mauricio Macri. El jueves por la tarde se conoció que la Policía Federal brasileña acusó a Arribas de cobrar 850.000 dólares en coimas. Según consignó La Nación, la acusación fue “como parte de un esquema de lavado, sociedades ‘pantalla’ y transferencias offshore que desbarató en San Pablo y Minas” y los cueveros que realizaron las transacciones fueron Alberto Youssef y Leonardo Meirelles. Son los mismos que, según las denuncias contra Arribas, le hicieron transferencias justo después de que se reactivaran el contrato por el soterramiento del Sarmiento en manos de Odebrecht. 


Por esa causa Arribas fue denunciado por Elisa Carrió. Sin embargo, pese a las insistencias del fiscal Federico Delgado, el juez Rodolfo Canicoba Corral lo sobreseyó sin investigar. El fiscal de Cámara Germán Moldes apañó la operación para salvar a Arribas y desistió de la apelación, pero la causa se salvó del archivo por la acción de Sergio Rodriguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El fiscal Rodriguez insistió y, sorpresivamente, su posición fue acompañada en diciembre pasado por el actual Procurador General interino Eduardo Casal. La última palabra la tiene la Corte Suprema. 


Macri y Arribas son amigos desde la juventud y hay extrema confianza. El actual señor 5 se mudó al departamento de Avenida del Libertador 2732, donde vivía Macri antes de asumir la presidencia. Una de las primeras medidas del presidente fue devolverle a su amigo el manejo discrecional de fondos en la casa de los espías a través del decreto 565/16. Sólo Arribas y Macri saben hoy el destino de los más de 2.000 millones de pesos que integran su presupuesto. 


Desde que el diario La Nación destapó este escándalo el Gobierno defendió a Arribas a capa y espada. “No entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht, ese link todavía yo no lo entendí y mucho menos cómo se relaciona Arribas con Meirelles y con el soterramiento del Sarmiento” sostuvo Macri en la Casa Rosada en enero del año pasado. “Confiamos en Arribas hasta que alguien nos demuestre lo contrario”, aseguró el 22 de enero de 2017 el Jefe de Gabinete Marcos Peña. Al día siguiente, Peña se reunió con Arribas y Macri con Carrió. Todo parece indicar que no cambiarán de actitud. 


Escuchas


Además de disponer un aumento de sueldos para todo el Poder Judicial, esta semana la Corte Suprema adelantó que ampliará las funciones de la oficina de escuchas que Macri puso en sus manos apenas asumió. Para la apertura del año judicial, el próximo 6 de marzo, la Corte lanzó una serie de Lineamientos de una política de Estado para la transformación de los poderes judiciales donde propone: “Sobre la base de la antigua oficina de escuchas judiciales, la Corte Suprema ha creado una dirección que incluye no sólo la captación de llamadas, sino la posibilidad de ampliación hacia otros campos: investigación en las redes sociales, nuevas tecnologías, el cuerpo pericial de peritos especializados en delitos contra la administración pública y casos de corrupción, etc. Se propone ampliarla de modo que se llegue a una oficina de investigación criminal sofisticada que acelere la averiguación de delitos complejos”. El tema no es nuevo y se trata de una suerte de SIDE paralela manejada por los jueces. 


Las escuchas son, en los últimos años, buena parte del material que reciben ciertos medios o periodistas. La semana pasada, por ejemplo, el vocero oficialista Luis Majul emitió algunas entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli, cuyo contenido resulta intrascendente pero cumple su objetivo dispersivo. Ante esto, el diputado Leopoldo Moreau va a pedir que Ricardo Lorenzetti comparezca ante el Congreso para explicar la situación. La oficina depende de él, aunque derivó su día a día en el camarista Martín Irurzun (célebre creador de la doctrina para dictar prisión preventiva a ex funcionarios que lleva su nombre) y en Juan Tomás Rodriguez Ponte. 


Rodriguez Ponte es ex secretario del juez Ariel Lijo, también involucrado en la filtración de estas escuchas. Mientras ejercer como director de esta SIDE paralela Rodriguez Ponte apunta a ocupar el sillón que dejó vacante Norberto Oyarbide en Comodoro Py. 


Varias de cal y una de arena


Rodriguez Ponte está casado con María Alejandra Mángano, que ejerce de fiscal subrogante en Comodoro Py en reemplazo del fallecido fiscal Patricio Evers. Al inicio de la semana, Mangano imputó a Valentín Díaz Gilligan, que oficia de pato de la boda en la relación entre los funcionarios macristas y el mundo offshore. 


El gobierno tampoco tuvo buenas noticias en torno a otro negocio de la familia presidencial. El juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó un operativo en el Ministerio de Energía para buscar documentación que le permita dilucidar si empresas vinculadas al grupo Macri se beneficiaron con información privilegiada. Se trata de un caso revelado por el Perfil, donde se ve que el grupo Macri compró sin licitación 6 parques eólicos. Luego los revendió a cambio de 48 millones de dólares. 


Pero no todo fueron pálidas para el Gobierno. El servicial juez Julián Ercolini llegó al rescate. Minutos antes de que Macri inaugurara el año legislativo Ercolini dispuso la intervención judicial de Hotesur, devolviendo las causas que vinculan a la familia Kirchner a los títulos principales. Minutos más tarde, Macri anunció la intención de poner en marcha un nuevo Código Procesal Penal, sin reparar en que ya existe y fue él mismo quien suspendió su aplicación por decreto. Al día siguiente, el mismo Ercolini elevó previsiblemente a juicio oral la causa contra Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Baez, entre otros, por la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz 


El fiscal Jorge Di Lello, por su parte, pidió ampliar la indagatoria contra el ex vicepresidente Amado Boudou en la causa donde se lo investiga por una rendición de viáticos. 


El comodín


Como prácticamente todas las semanas la cuestión Nisman y sus conexiones ocuparon lugar en la agenda publicada. Esta semana Sara Garfunkel, la madre del fallecido fiscal Natalio Alberto Nisman, pidió que se involucre a Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios en la muerte. Lo hizo ante la Sala II de la Cámara Federal. Los jueces ahí son Martín Irurzun y Eduardo Farah, constantes antikirchneristas. 


En la agenda no publicada hubo también novedades vinculadas al atentado a la AMIA y la insensata denuncia de Nisman. Por un lado, Cristina y Héctor Timerman hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervenga ante la sistemática vulneración de derechos y garantías procesales que sufren tras la insostenible denuncia de Nisman. La presentación la hicieron los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, que días más tarde dejaron la defensa de Cristina en el juicio oral al que se encamina esta causa. Cristina designó en su lugar al ex fiscal y ex jefe de Gobierno porteño Anibal Ibarra.


El caso más relevante vinculado a la AMIA, sin embargo, siguió esta semana tan silenciado como de costumbre. Se trata del juicio por el encubrimiento real de la investigación del atentado. Tras el escandaloso movimiento por el cual el Gobierno de Macri modificó la querella del Estado para que pidiera la absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, empeorado con la decisión del tribunal de apartar a José Console, portavoz de esa maniobra, pero mantener su alegato en favor de la impunidad, el juicio continuó esta semana con los planteos de la querella de los ex policías bonaerenses. Plantearon, entre otras cosas, que Mullen y Barbaccia claramente tuvieron responsabilidad en el encubrimiento. 


Uno de los principales promotores del teatro Nisman, el Grupo Clarin, también tuvo esta semana un favor judicial.  La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la tala que los pocos artículos de la Ley de Medios que quedaban en pie. A pedido pedido de FOX y Turner, suspendió los artículos que aseguran el acceso gratuito a eventos futbolísticos relevantes. 


Rencillas


“Una carátula no se le niega a nadie”, dijo alguna vez el fiscal Jorge Di Lello, hábil declarante y conocedor de los recovecos de Comodoro Py. Esta semana fue el turno de Marcelo Sain, especialista en cuestiones de seguridad y creador, durante el kirchnerismo, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El martes se enteró por los medios de una denuncia en su contra por revelación de secretos políticos y militares. Los denunciantes eran Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que, por las dudas, también figuró como denunciante como institución. 


Otra que ligó una carátula en Py es Elisa Carrió. En la semana trató a los Moyano de ser una “familia de criminales”. Más en detalle, Carrió se refirió a Hugo Moyano: “Por eso digo que es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo seguro. Y cuando digo criminales digo criminales, no solo de robo de dinero”. "Que demuestre en la Justicia que somos asesinos", le contestó Pablo Moyano. El último día de febrero los Moyano denunciaron a Carrió por incitación a la violencia. El caso recayó en el juzgado de Claudio Bonadío. Desde Quilmes, sin embargo, llegó una imputación a Moyano por lavado de dinero. 


 Lesa Humanidad


La muerte del jerarca dictatorial Luciano Benjamín Menéndez, cuyo record de años de condena nunca hubieran sido suficientes, no fue el único dato relevante vinculado a las investigaciones por delitos de lesa humanidad.  La misma semana falleció el juez Leopoldo Schiffrin, cuyo desempeño como camarista en la ciudad de La Plata fue fundamental para el avance de los Juicios por la Verdad. 


La Corte Suprema tampoco se quedó atrás en este tema, y salvó del jury al juez marplatense Pedro Hooft, acusado de participación en la tétrica “Noche de las Corbatas”, como se conoció al operativo por el cuál fueron secuestrados 11 abogados laboralistas, varios de los cuales continúan desaparecidos. La Corte del 2x1, que para esa decisión tuvo un fallo dividido, esta vez logró unanimidad. El salvataje corporativo a un juez cómplice del terrorismo de Estado contó con las firmas de Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.