OJOTA. Así se conoció durante años a la Dirección de Observaciones Judiciales de la vieja SIDE encargada de las escuchas telefónicas. Su fama indicaba que, al igual que toda la estructura de inteligencia, se utilizó más para el espionaje interno -en especial a opositores políticos- que para su función primigenia, la recolección de información para la defensa nacional y la seguridad interior. Sin embargo, y pese a la cantidad de tropelías orquestadas desde las catacumbas de la SIDE, no hay registros de la utilización de escuchas telefónicas para operaciones jurídico-mediáticas y menos de la magnitud que alcanzaron desde la asunción de Mauricio Macri. El escándalo desatado tras la difusión en medios oficialistas de conversaciones entre CFK y Oscar Parrilli, de nulo valor periodístico y cuyo summum fue el “soy yo, pelotudo” de la ex presidenta a ex secretario general de la presidencia, revela las consecuencias de la restauración oscurantista en los servicios de inteligencia. Restauración que contó con el empuje de Macri y la complicidad de la mesa chica del Poder Judicial y que transformó las escuchas a opositores en el patrón de cambio de operaciones políticas, judiciales y mediáticas. 

Esa tentación boomerang

En 1946 Juan Perón creó la Coordinación de Informaciones de la Presidencia, pero las actividades de inteligencia para defensa nacional y seguridad interior quedaron entonces en manos de las Fuerzas Armadas. Quien lo derrocó, el dictador Eduardo Lonardi, fue quien impuso en 1956 la sigla SIDE, que obedecía a la Secretaría de Informaciones del Estado. El mismo Lonardi fue quien instituyó los gastos reservados o secretos para las actividades de inteligencia, un modelo que se mantuvo hasta el último año de Gobierno de CFK. La eliminación de los gastos reservados, una de las últimas batallas de CFK, fue anulada por Macri a los pocos días de asumir, cuando le devolvió a su amigo personal Gustavo Arribas, a quien puso al frente de la casa de los espías, la potestad de manejar sus fondos sin ningún tipo de control. Desde 1956, entonces, todos los Gobiernos quisieron moldear a los servicios de inteligencia pero ninguno logró amoldarlos a objetivos democráticos. Las dictaduras militares, por su parte, los utilizaron para la aplicación argenta de la Doctrina de Seguridad Nacional y la ejecución del plan sistemático de desaparición de personas planificado desde el Batallón 601. 

Los gobiernos democráticos creyeron que podían utilizar a los servicios de inteligencia, pero se trató siempre de una tentación boomerang. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en su informe anual de 2016, advirtió: “sostener un sistema de inteligencia como herramienta de gobernabilidad política afecta profundamente el sistema democrático. (…) Este esquema es funcional a una red con inserción capilar en el Estado, en el sistema político, en los grupos empresarios, en los sectores sindicales, entre otros, con objetivos políticos y económicos propios un una gran capacidad de desestabilización institucional. A lo largo de los años, este pacto ha cobrado un peso determinante en el sistema de justicia. Las estrechas relaciones entre jueces, fiscales, abogados, periodistas y operadores o agentes de inteligencia condujeron a que el funcionamiento del sistema judicial federal quedara condicionado a estas alianzas coyunturales o permanentes. Esto le dio al sistema de inteligencia una fuerte capacidad extorsiva”. 

También sostiene el CELS: “Los gobiernos democráticos pueden beneficiarse de este esquema en el corto plazo, pero luego pierden la capacidad de manejar las estructuras de seguridad e inteligencia y de impedir que estas adquieran autonomía. Por este camino, esos instrumentos benefician hasta que se transforman en un serio problema de gobernabilidad”.

La definición del CELS parece calzar a la perfección con el esquema que armaron Macri y Lorenzetti en torno a las escuchas. En su capricho por quitarle potestades a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, Macri le entregó las escuchas al a Corte. Ni lento ni perezoso, Lorenzetti nombró al frente de esta oficina al juez Martin Irurzun. Lo eligió a dedo y sin registros de sorteo. Luego amplió sus funciones, le sumó personal y le duplicó el presupuesto. La frutilla del postre fue un acuerdo con la propia Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la sucesora de la SIDE, para permitir el regreso de sus agentes al control de las escuchas. Pero la desmesurada dimensión que alcanzaron las filtraciones de escuchas hacen que esas complicidades para el espionaje de opositores se vuelvan transitorias. Los dardos que se tiran hace días Macri (a través de sus personeros) y Lorenzetti prueban, por un lado, la disputa entre bandas por el manejo de esta herramienta. Por el otro, la fragilidad de la ilusión de control de las operaciones de inteligencia. 

Ejemplo Moro 

En abril de 2017 Lorenzetti organizó una visita del juez brasileño Sergio Moro, quien comanda la presecución judicial al ex presidente de Brasil Lula da Silva. Lorenzetti presentó a Moro como el paradigma a imitar, e incluso en la última apertura del año judicial reiteró su intención de amoldar el sistema judicial argentino a las características del de Brasil. 

Lorenzetti y Moro tienen algo en común: su turbia relación con las escuchas telefónicas. Los abogados de Lula revelaron que el juez Moro mandó a intervenir sus teléfonos y los de su estudio jurídico. “Escuchaba nuestras conversaciones y las conversaciones de colegas abogados del estudio, de colegas abogados de otro estudio que también participan de la defensa. Nuestras conversaciones fueron escuchadas, anotadas, y ellos seguían los pasos de la defensa antes de que fueran llevados a cabo”, aseguró Cristiano Zanin Martins, que ejerce la defensa del lider brasileño junto a Valeska Teixeira Zanin Martins. El juez Moro les aseguró que había destruido los registros de las conversaciones, pero los abogados descubrieron que no sólo no las eliminó sino que las escuchas se utilizaron para diseñar la persecución judicial a Lula. 

El ejemplo judicial de Lorenzetti, el juez Moro, tiene estas prácticas. Lorenzetti, desde que maneja las escuchas telefónicas, no parece muy ajeno. 

¿Quién se hará cargo del escándalo por las filtraciones? De seguro nadie. ¿Quien será, entonces, el fusible que descomprima esta situación? Ahí dependerá de la puja entre la Corte, Comodoro Py, el Gobierno y los sectores de la vieja SIDE que aún pululan entre los tres. Los medios oficialistas tendrán una buena cuota del arbitraje, y la sentencia mediática también dependerá de las relaciones con los tres sectores.