El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, exigió este lunes al Procurador General interino, Eduardo Casal, que apure la remoción o desafuero del titular de la Fiscalía Federal N°4 para que Carlos Stornelli pierda su inmunidad y tenga que declarar en la causa D’Alessiogate, donde tiene 8 imputaciones.

La situación de Stornelli, que ya esquivó seis llamados a indagatoria, se complicó tras el resultado electoral y el rechazo de la Cámara Federal de Casación Penal del recurso extraordinario que presentó el fiscal para intentar llegar a la Corte Suprema de Justicia para tratar su caso.

“Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, además del hecho de que fue rechazado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal el recurso extraordinario intentado por la defensa de Carlos Stornelli contra la resolución dictada por dicha Cámara vinculada con la rebeldía oportunamente decretada en esta instancia, líbrese oficio al Sr. Procurador General de la Nación Interino, Dr. Eduardo Casal, a efectos de solicitarle -una vez más- que urja el procedimiento de remoción y/o desafuero del fiscal Carlos Stornelli, en los términos del art. 1º de la ley 25.320, a los efectos de lograr su comparecencia en el proceso de referencia, de conformidad con lo ordenado oportunamente por la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata”, escribió Ramos Padilla.

Así, el magistrado de Dolores exige al jefe de los fiscales que no demore más el tratamiento del caso del fiscal de la causa de las fotocopias. Necesita su desafuero para poder indagarlo.

El juez de Dolores le adjudica a Stornelli participación en ocho hechos: el caso de Gonzalo Brusa Dovat (PDVSA); el intento de realizar cámaras ocultas a los abogados José Manuel Ubeira y Javier Landaburu; el espionaje al ex de su pareja, Jorge Christian Castanon; el haber alentado el espionaje ilegal contra Victoria Munin; el caso de la delegación iraní en Uruguay; la intimidación a Pablo Barreiro; y el caso de Pedro Etchebest.

Aún no está definido cómo avanzarán los fiscales generales. Por ejemplo, en el caso de la rebeldía consideraron apropiado que se abriera un sumario y se sustanciara prueba. El pasado 23 de mayo, Casal dio curso a esa decisión. Eligió un instructor y le otorgó un extenso plazo de 60 días hábiles para elevar un informe. El sumariante todavía no resolvió. Tiene plazo hasta el 9 de septiembre.

Si el jefe de los fiscales decide abrirle un juicio político, comenzará otro proceso ya que se deberá conformar un Tribunal de Enjuiciamiento.

 

Fuente: El Destape